Los comerciantes tienen la obligación legal de revelar la información precontractual a sus posibles clientes. Hay 8 informaciones principales que tiene que comunicar claramente a los consumidores antes de que estos celebren con usted un contrato de venta o de servicio en su tienda. No obstante, si la información ya resulta evidente por el contexto, el comerciante no tiene que preocuparse por estos 8 puntos.

Si no cumple con los requisitos de información precontractual puede haber diversas consecuencias. En primer lugar, corre el riesgo de defraudar a sus clientes y ver dañada su reputación. En segundo lugar, la propia ley prevé una serie de consecuencias inmediatas importantes si no se han respetado determinados requisitos de información precontractual. Y, lo que es más importante, corre el riesgo de tener que pagar una multa en virtud de la legislación nacional por su incumplimiento de la Directiva sobre derechos de los consumidores.

Si no cumple con los requisitos de información precontractual puede haber diversas consecuencias. En primer lugar, corre el riesgo de defraudar a sus clientes y ver dañada su reputación. En segundo lugar, la propia ley prevé una serie de consecuencias inmediatas importantes si no se han respetado determinados requisitos de información precontractual. Y, lo que es más importante, corre el riesgo de tener que pagar una multa en virtud de la legislación nacional por su incumplimiento de la Directiva sobre derechos de los consumidores.

El cliente debe disponer de una información precontractual precisa. El precio total de los bienes o servicios que ofrece debería estar claro. Esto significa que el precio tiene que estar totalmente completo; esto es, debe incluir todos los impuestos aplicables y gastos adicionales de transporte, entrega o postales. Si el precio no puede calcularse de antemano, lo que tendrá que revelar al consumidor es la forma en que este se determina.

Esta situación se refiere a la celebración del denominado «contrato a distancia» para el cual todos los requisitos de información precontractual se han armonizado por completo a nivel de la UE. Siempre tendrá que respetar los 8 principales requisitos de información pero tendrá que proporcionar otras informaciones adicionales.

Una buena manera de cumplir las normas es utilizar una serie de iconos para ilustrar las categorías de información pertinentes. La Comisión Europea ha facilitado un modelo aquí: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/model_digital_products_info_complete_en.pdf

Cada Estado miembro puede elegir determinar el idioma en que se tendrá que presentar la información al consumidor. En la mayoría de los casos, se tratará de la(s) lenguas(s) oficial(es) del Estado miembro en cuestión.

Si proporciona la información en un idioma distinto al exigido, se considerará que la información no se ha proporcionado en absoluto. Para comprobar qué idioma ha elegido cada Estado miembro, por favor consulte: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/overview_regulatory_choices.pdf

Por tanto, si el sitio web del comerciante se dirige a los consumidores de un Estado miembro que ha impuesto requisitos lingüísticos haciendo uso de la opción reglamentaria establecida por el artículo 6, apartado 7, de la Directiva, el comerciante debe proporcionar al consumidor la información contractual en el idioma exigido por ese Estado miembro.

Por el momento, según la legislación vigente, no existe obligación de vender en el caso de productos y servicios en línea. No obstante, esto va a cambiar con la introducción del Reglamento sobre el bloqueo geográfico, que impondrá la obligación de vender aunque no la obligación de entregar los bienes o servicios. Según la legislación de la UE, si usted dirige sus actividades comerciales a consumidores de países de la UE distintos del suyo, es normalmente la legislación del país en que reside el consumidor la que se aplicará a su contrato con el consumidor extranjero. Si ambos han optado por una legislación diferente, esta elección no privará a su consumidor extranjero de la protección conferida por las disposiciones obligatorias del país de residencia de este.

Si, como comerciante, desea evitar que se considere que está dirigiendo sus actividades a otro país, para que no se vea obligado a aplicar leyes de protección del consumidor distintas a las de su propio país, debe actuar con cautela. Por ejemplo, para no dar la impresión de que se está dirigiendo al mercado de un país vecino, puede optar por no traducir su sitio web al idioma de ese país.

La respuesta a esta pregunta dependerá del acuerdo de entrega. El plazo de 14 días empezará a contar a partir del día en que el cliente adquiera la posesión material de los bienes. Esto se podría establecer, por ejemplo, en base al acuse de recibo del consumidor al servicio de entrega.

El cliente tiene la obligación de devolver el producto en el plazo de 14 días a partir del momento en que haya notificado la decisión de ejercer su derecho de desistimiento. Por lo tanto, el comerciante deberá comprobar la fecha en que el cliente le informó de su voluntad de devolver el producto y comenzar a contar los 14 días a partir de ese momento. Si el cliente devuelve el paquete con posterioridad, el comerciante puede rechazarlo.

El cliente tiene derecho a inspeccionar el producto. Sin embargo, si la utilización del producto resulta más que necesaria, como en este caso, el vendedor puede estimar la disminución del valor del producto y solicitar al cliente la devolución de ese dinero.

Igual que en el caso anterior, el cliente tiene derecho a probar y utilizar los productos del mismo modo en que lo podría hacer en una tienda. Por tanto, puede probarse las zapatillas. No obstante, si ha utilizado las zapatillas más de lo necesario, lo que puede inferirse del hecho de que estas huelen, el comerciante tendrá derecho a recibir una compensación por la disminución del valor. Esto será especialmente el caso si las zapatillas ya no se pueden vender como nuevas.

Si el cliente ha sido informado desde un principio de que será él el que tendrá que correr con los gastos directos relativos a la devolución del producto, el vendedor no tendrá obligación alguna de asumir ese coste.

En la práctica, la legislación obligatoria en materia de consumo de otro Estado miembro solo será pertinente si sus normas ofrecen mayor grado de protección que las establecidas por su propio ordenamiento jurídico o por la legislación a la que usted haya acordado someterse con el consumidor. Este sería el caso, por ejemplo, si el periodo de garantía jurídica establecido por la legislación del consumidor es más largo que el previsto por la suya propia.

Si en el contrato vinculante entre el consumidor y el comerciante en efecto se indicaba que los zapatos tenían que ser blancos, queda claro que los bienes que se entregaron no se ajustan al contrato. En este caso, hay muchas probabilidades de que el cliente se queje de inmediato y haga uso del derecho de desistimiento que le asiste si el producto se ha adquirido en línea. En este caso, existe una falta de conformidad con el contrato; los zapatos no se ajustan a la descripción que había proporcionado el vendedor. En este caso, el consumidor tendrá derecho a solicitar que se le sustituyan los zapatos negros, que no son conformes con lo que se había estipulado en el contrato. También puede ocurrir que el consumidor esté de todos modos satisfecho con los zapatos y simplemente pida un descuento.

No cabe duda de que el consumidor no encargó unas gafas rotas y, por tanto, los bienes entregados no son conformes con el contrato. Por tanto, el consumidor tiene derecho a solicitar una compensación y reclamar la sustitución de los bienes.

Dado que ya no está en activo y que probablemente la entidad jurídica de su tienda tampoco exista ya, puede aconsejar al cliente que contacte directamente con el fabricante del producto o remitirlo a otra tienda que venda bienes y marcas similares. En cualquier caso, el periodo de garantía jurídica de dos años comienza a contar a partir del día en que el consumidor tomó posesión del producto.

Dado que el consumidor ha venido pasados ya seis meses desde que se produjo el problema, le corresponderá a él probar que ya existía un problema desde el principio. Si consigue hacerlo y convencerlo, la garantía jurídica de dos años resultará de aplicación y el consumidor tendrá derecho a beneficiarse de una sustitución o una reparación. Podría, por ejemplo, ofrecerle sustituir solo el cuadro y no toda la bici.

El reclamo de que los productos son los «mejores» se basa en un fundamento muy poco convincente. No hay nada en el resto del anuncio que respalde manifiestamente esta afirmación. Podría considerarse una afirmación subjetiva y podríamos asumir que no induciría a error a un consumidor medio.

De todos modos, se recomienda precaución con este tipo de anuncio ya que podría juzgarse engañoso porque se podría interpretar que «los mejores de la ciudad» corresponde a una calificación que un organismo independiente ha otorgado al vendedor, aunque este no sea el caso. En tal caso, se podría considerar que la gente ha sido engañada. Por tanto, se recomienda tener mucho cuidado con este tipo de declaraciones.
 

Hay pocas pruebas que respalden tal afirmación. Por definición, esta afirmación implica que las pizzas tienen más queso que todas las demás pizzas producidas por sus competidores. Esto podría considerarse engañoso y dañar los intereses de la competencia de manera injustificada. Otra alternativa más aceptable sería plantear que la pizza tiene «muchísimo» o «porción extra de» queso.

No, no puede. Esto se consideraría una práctica comercial desleal ya que es una de las prácticas que se recogen expresamente en la lista negra. Se consideraría que está declarando falsamente que el producto solo estará disponible en determinadas condiciones durante un periodo de tiempo muy limitado. Se considera que está induciendo a los consumidores a tomar una decisión inmediata, privándoles así de la oportunidad o el tiempo suficiente para hacer su elección con el debido conocimiento de causa.

Puede aceptar el producto y enviárselo al fabricante, con el que tiene un acuerdo. En este caso, la memoria de la tableta supuso un elemento importante en la decisión de compra del consumidor y este fue engañado si la tableta se vendió con una memoria inferior a la prometida.

Debería quedar claro, no obstante, si realmente el consumidor no conocía la capacidad de la memoria para tener la certeza de que no está intentando obtener una nueva tableta gratis. Por ejemplo, usted podría aducir que la capacidad de la memoria está muy claramente indicada en la caja de la tableta.
 

La respuesta a esta pregunta depende de varios factores. Lo que es absolutamente necesario evitar es la denominada «publicidad señuelo». Esto se consideraría una práctica comercial desleal y es una de las prácticas que se incluyen explícitamente en la lista negra de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales.

Debería saber que no está autorizado a no ofrecer estos productos en absoluto o a hacerlo solo en una cantidad insuficiente. Si sus existencias son desproporcionadamente escasas en relación con la campaña publicitaria, hay muchas probabilidades de que la práctica se considere desleal.
 

La manera más fácil es visitar la plataforma RLL en ec.europa.eu/odr, seleccionar su idioma e ir a la sección «Organismos de resolución de litigios». Ahí, se le proporciona un listado de las entidades de RAL de todos los países, con la opción de elegir un país.

Normalmente, las entidades de RAL están especializadas para cubrir determinados sectores, productos o servicios. Es conveniente elegir aquella (o aquellas) que trate su sector. En caso de que haya varias opciones, también podría hacer su elección en función de otras características: cuánto tiene que pagar para que la entidad de RAL estudie su caso, está situada cerca de su establecimiento u otras condiciones que puedan revestir importancia para usted.

En primer lugar, tiene que comprobar qué dice la decisión de la entidad de RAL a este respecto. Esta le tendría que informar de cuáles son los siguientes pasos a seguir. En algunos casos, se verá obligado a acatar la decisión de la entidad de RAL a menos que la recurra ante los tribunales. En otros casos, esta decisión podría ser simplemente una recomendación y puede decidir si acatarla o no.

Uno de los principales requisitos de los organismos de RAL es que tienen que ser neutrales e independientes. Si usted cree que una de estas entidades no cumple este requisito, puede enviar esta información a un organismo que supervise a la entidad de RAL.

Si usted es un comerciante en línea, puede animar al consumidor a utilizar la plataforma de resolución de litigios en línea (RLL) de la UE

http://www.ec.europ.eu/odr  

Esta plataforma facilita traducciones automáticas de todos los documentos, por lo que puede resultar muy útil en este sentido.